La Agencia Nacional de Transporte Acuático (Antaq), que regula el sector portuario, presentó una propuesta de norma que, de aprobarse, incrementará el control sobre la actividad privada en los puertos. La norma establece que las terminales arrendadas, ubicadas en puertos públicos, no podrán incrementar, sin autorización de la agencia, los precios de los servicios contratados por encima del acumulado por el índice de referencia, so pena de multa. Las sanciones previstas oscilan entre R$ 50 y R$ 100.
El sector privado ve la propuesta como un intento del Estado de controlar los precios entre los agentes privados. Según Antaq, la medida es una adaptación a las nuevas funciones de supervisión de la agencia, derivadas de la Ley de Puertos, y se centrará en la prestación de servicios por las terminales actuales y futuras.
La dependencia dice que, antes, este rol lo desempeñaban las autoridades portuarias estatales ubicadas en los puertos. Valor constató que, en la práctica, las empresas portuarias solo realizaban arbitrajes cuando las partes lo solicitaban. En la historia reciente del puerto de Santos (SP), por ejemplo, la empresa estatal local arbitró sólo un caso. “El precio es libre, siempre ha estado regulado por el mercado, si no se convierte en tarifa”, dice un experto en el área. Antaq también actuó a través de las denuncias de los usuarios, analizando si los reajustes eran adecuados.
La Asociación Brasileña de Terminales Portuarios (ABTP) impugna la regla. Ve en el instrumento una extrapolación de la función de Antaq. Según el presidente de la entidad, Wilen Manteli, corresponde a la terminal correr el riesgo de cobrar precios más altos.
“La agencia debe evitar el abuso de poder económico, ahora quiere administrar la terminal. No es limitando las ganancias que vamos a generar más empleos e ingresos”, dice. Para Manteli, la medida viola la Constitución, que garantiza la libre competencia, y contra la competencia intraportuaria e interportuaria, prevista en el nuevo marco regulatorio del sector.
La propuesta permanecerá abierta hasta mañana. Modifica la Resolución N° 3.274, vigente desde febrero, que prevé la inspección de la prestación del servicio portuario y tipifica las infracciones administrativas. En ese texto, Antaq ya preveía multas de hasta R$ 200 para quien “adopte tarifas o precios abusivos, sobre bases no transparentes o discriminatorias, o que no reflejen la complejidad y los costos de las actividades”. En este caso, la multa también se aplica a las terminales autorizadas (aprobadas sin licitación, las denominadas TUP) y autoridades portuarias (que cobran tarifas por el uso de bienes de dominio público).
Consultada sobre qué serían los “precios abusivos” y sobre qué base evaluará si el valor es discriminatorio, Antaq citó jurisprudencia del Consejo Administrativo de Defensa de la Competencia (Cade). “Un precio abusivo, por ejemplo, puede ocurrir cuando se violan los principios de las reglas del mercado, perjudicando potencialmente a innumerables usuarios, es decir, como una infracción al orden económico”, dijo en una nota, “en los términos de la Ley de Defensa de la Competencia”. ”.
La resolución de febrero prevé, por ejemplo, una multa de hasta R$ 50 al arrendatario que no presente a la Antaq la realización de proyectos e inversiones no previstos en el contrato de arrendamiento. Los empresarios dicen que el texto da cabida a un control exagerado. “Hasta para hacer un baño tengo que pedir amén a Antaq”, bromea Manteli.
Sobre la propuesta de resolución en discusión, los terminales arrendados se quejan de la necesidad de solicitar autorización previa a la agencia si quieren iniciar nuevos servicios, so pena de ser multados. Argumentan que esto sofocaría la actividad al aumentar la burocracia. “El armador, o el dueño de la carga, no esperará el análisis de la agencia para decidir dónde operará”, dice uno de ellos.
Las empresas han lanzado con frecuencia servicios personalizados más allá de los muelles, según las necesidades de cada cliente. “Tengo más de 3.000 servicios. Atiendo al cliente según sus necesidades”, se queja un ejecutivo del área de contenedores.
Antaq sostiene que el sector portuario se caracteriza como un oligopolio y puede, en algunos tipos de carga, ser considerado un monopolio. "Corresponde a la agencia proteger los nuevos servicios para que los usuarios no se vean perjudicados", dice la agencia.
Fuente: Valor Econômico
Por: Fernanda Pires
