La Agencia Nacional de Transporte Fluvial (Antaq) negó que quiera intervenir en la relación comercial de los terminales portuarios, como lo sugiere la propuesta de normas de la agencia que viene reavivando la discusión sobre el modelo legal portuario, ya sea de servicio público o regulado. actividad económica.
El quid de la cuestión son dos propuestas de normas puestas en audiencia pública que, a juicio del sector, promueven la injerencia indebida del gobierno en la actividad. Tanto las terminales arrendadas como las autorizadas (que operan, respectivamente, puerto público vía licitación previa y áreas privadas) se quejan del ataque infralegal de Antaq, que estaría en desacuerdo con la Ley de Puertos, sancionada en 2013 para desbloquear inversiones privadas.
Ante el revuelo, la Antaq extendió por 15 días -hasta el 8 de diciembre- el plazo de la consulta pública para afinar las resoluciones 3.707 y 3.708. “Nadie entrará en el fondo de las condiciones que se acuerden entre los particulares. Si vemos que la redacción está dando dudas, se harán los ajustes necesarios”, dijo el director de Antaq, Fernando Fonseca.
Tal como lo anticipó Valor, las reglas propuestas permiten al gobierno, por ejemplo, cambiar los contratos de arrendamiento de manera unilateral y modificar la prestación de los servicios. Además, limita el reajuste de los precios cobrados por los terminales de sus clientes. “Eso no existe en un sistema capitalista”, dice el presidente de la Asociación Brasileña de Terminales Portuarios (ABTP), Wilen Manteli, representante de arrendatarios y titulares de autorizaciones.
El grito es mayor en el segmento de las terminales autorizadas, las TUP, por ser inversiones en las que la infraestructura no depende del poder público. “La regulación es demasiado para nosotros”, dice el presidente de la Asociación de Terminales Portuarios Privados (ATP), Murillo Barbosa. Según él, Antaq está eximiendo a las TUP de las mismas reglas que se aplican a los arrendatarios, que explotan el bien público a través de licitaciones.
Una de las normas dice que las TUP deben prestar servicios a quienes buscan la instalación. “¿Qué pasa si tengo un contrato con un exportador que requiere exclusividad, entonces no puedo atender a su competidor? No necesito contestar, no soy un terminal alquilado”, dice uno de ellos.
A pesar de ser criticada por el exceso regulatorio, Antaq entiende que tanto las arrendadas como las privadas no prestan un servicio público, sino que realizan una actividad económica regulada. Según el director general de la agencia, Mario Povia, la prestación de servicios públicos prevé una concesión, y la ley solo menciona concesiones para puertos organizados, que es todo el complejo hidrovía. Los arrendamientos son “piezas” del puerto organizado.
El problema no está resuelto. El TCU ya tiene entendido la línea pro servicio público, misma posición que defienden los usuarios del puerto, como el abogado especialista Osvaldo Agripino. “Esta discusión es un revés, el asunto se arregló. Público es el patrimonio [ej: la tierra], la actividad es completamente privada”, dice Manteli.
Fuente: Valor Econômico
Por Fernanda Pires | de santos
