Sin estridencias, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que trata de sortear visiones históricamente contrapuestas entre el sector eléctrico y el área logística. A partir de ahora, las nuevas centrales hidroeléctricas deberán construirse siempre junto con esclusas que permitan el transporte de carga por ríos navegables. El proyecto, votado anteayer en una comisión especial, es definitivo y sólo necesita ser llevado al pleno si al menos el 10% de los diputados -52 parlamentarios- firman una solicitud específica para ello. La tendencia es que esto no ocurra y el texto pueda ir directamente al Senado.
La obligación de construir esclusas concomitantemente con las obras hidroeléctricas siempre ha sido objeto de valoraciones contradictorias dentro del propio gobierno. El Ministerio de Transporte nunca se conformó con la construcción del sistema de navegación solo después de la finalización de las plantas y alega que podría costar hasta un 70% menos cuando salga del tablero junto con las presas. Para el Ministerio de Minas y Energía, la preocupación ha sido esencialmente con el valor del megavatio-hora para los consumidores finales. En el sector eléctrico, el temor era que los requisitos de obras multimillonarias para cerrar brechas generarían costos adicionales para los ganadores de las subastas de nuevos proyectos y aumentarían las tarifas.
A falta de un término medio, prevaleció la visión del área energética. “La gente vive sin vías fluviales, pero no puede vivir sin electricidad”, dice un interlocutor del gobierno sobre cuestiones logísticas. Sin acuerdo, las grandes represas en los ríos Madeira (Santo Antônio y Jirau) y Teles Pires fueron licitadas sin obligación de esclusas, aunque las concesionarias responsables de las represas desarrollaron proyectos de ingeniería básica que las prevén y allanan en el futuro. Ahora, cuando se empiezan a preparar las licitaciones de las megacentrales en el río Tapajós, se ha roto el impasse.
“Construimos un gran consenso”, dice el diputado Eduardo Sciarra (PSD-PR), relator del PL 5.335, presentado originalmente en 2009. “Noté una enorme disposición de todos a conversar. El Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transportes, el sector productivo y el sector de la construcción pesada quedaron satisfechos”, garantiza Sciarra.
Reconoce que se perdieron oportunidades para acelerar la construcción de esclusas en ríos importantes, como Madeira y Teles Pires, con la demora en hacer que el proyecto fuera aceptable para todos los involucrados. Pero subraya que aún quedan 100 MW de potencial hidroeléctrico en la región amazónica y aprovechar la navegabilidad de sus ríos podría ser determinante para reducir los costos logísticos. “Principalmente para productores de materias primas”.
La acción directa de la Casa Civil sorteó las diferencias entre los ministerios y ayudó a Sciarra a armar un texto que fue elogiado por su equilibrio. “Llegó a una versión del proyecto que es factible”, resume Cláudio Sales, presidente del Instituto Acende Brasil, observatorio del sector eléctrico escuchado por el relator durante las negociaciones.
Uno de los aspectos que aquejaba a los inversionistas era precisamente si la exigencia de construir esclusas incrementaría el costo esperado de las hidroeléctricas. El texto aprobado define, sin embargo, que los gastos con la construcción “total o parcial” de sistemas en vías “potencialmente navegables” serán responsabilidad del Ministerio de Transporte. La redacción final también garantiza “separación e independencia” de la operación y mantenimiento de los sistemas de navegación, es decir, la concesionaria hidroeléctrica no será responsable de esta actividad.
La fórmula protege, según Ventas, a los consumidores de costos adicionales en las tarifas de energía. El adjudicatario de las subastas de nuevas plantas tendrá la obligación de construir esclusas con recursos propios únicamente en el caso de ríos que ya sean utilizados como cursos de agua en los tramos de futuros proyectos. Se exceptúan de la obligación las centrales hidroeléctricas de hasta 50 MW.
Nadie puede garantizar si, en plena campaña electoral, el Senado podrá votar el proyecto antes de la subasta de São Luiz do Tapajós, prevista para finales de este año. Otro punto de incertidumbre es que las “medidas necesarias” para cumplir con los nuevos requisitos, según el texto aprobado por la Cámara de Diputados, solo se definirán en la normativa gubernamental.
Aún con estas reservas, el exsecretario de Política Nacional de Transporte y actual director ejecutivo de la agencia T1, José Augusto Valente, ve como un paso adelante la aprobación del PL 5.335. “La necesidad de ampliar el transporte acuático, principalmente el flujo de granos por la región Norte, es apremiante. Ya no es posible quejarse de las limitaciones de que Santos y Paranaguá no puedan embarcar toda la soja y el maíz. Es necesario invertir urgentemente en la ampliación de las hidrovías”, enfatiza Valente.
Fuente: Valor Econômico
Por Daniel Rittner | Desde Brasília
