Dos años después de que fuera anunciado por la presidenta Dilma Rousseff, el Programa de Inversiones en Logística (PIL) está absolutamente lejos de la realidad que prometió entregar. Cuando se lanzó el paquete de concesiones en 2012, el gobierno predijo la inyección de BRL 79,5 mil millones en la economía dentro de cinco años, a partir de una primera ronda de concesiones para carreteras y ferrocarriles.
Una encuesta realizada por el Estado con todas las concesionarias ganadoras de las subastas incluidas en el PIL señala que, este año, el impulso económico generado por las concesiones será de poco más de R$ 2 mil millones, lo que significa apenas el 2,5% de la previsión por los cinco años.
El tímido avance es más evidente cuando se confronta con la inversión total prevista para el sector transporte este año, que comprende desembolsos de empresas estatales como Valec y el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (Dnit), además del sector privado.
Datos oficiales del gobierno compilados por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) apuntan a R$ 33 mil millones. En esta cuenta, las concesiones tendrán un efecto marginal, de solo 6% en 2014.
La frustración económica no se debe al incumplimiento de compromisos financieros por parte de las empresas. Este resultado en realidad está asociado a dos factores: primero, el retraso de un año en el inicio del programa, que tuvo que sufrir constantes cambios, desde la revisión de las tasas de retorno hasta las condiciones de financiamiento, y el plazo de las concesiones. Además, hubo una falta de capacidad para desbloquear concesiones portuarias y, principalmente, ferrocarriles, la mayor parte de la inversión de PIL.
El resultado práctico es que, salvo la concesión de seis lotes viales y dos aeropuertos, Confins (MG) y Galeão (RJ), el PIL está prácticamente parado. La desconfianza del sector privado dejó en suspenso la concesión de 11 km de vías férreas, con inversiones previstas de R$ 56 mil millones en cinco años. Las subastas portuarias, que deberían “desfavelar” las terminales y mover R$ 54 mil millones, chocaron con una discusión desenfrenada en el Tribunal de Cuentas Federal (TCU).
La evolución se debió a las carreteras, donde las concesionarias buscan acelerar la ejecución de las obras, pero este esfuerzo no será suficiente para mover la economía este año. Lo mismo ocurre con los aeropuertos de Galeão y Confins, que solo serán entregados a nuevos operadores este lunes.
Punto muerto. En los puertos, el proceso de arrendamiento de áreas públicas llegó al TCU hace más de un año y, hasta ahora, no ha salido. “No vengan a cobrarle al gobierno”, dijo el ministro de Puertos, César Borges.
La conexión ferroviaria prometida entre Lucas do Rio Verde (MT) y Campinorte (GO) es un ejemplo más de las dificultades que enfrenta el gobierno, que enfrenta una especie de rebelión del sector privado nacional en relación a los 901 kilómetros de este, que es la única red lista para salir a subasta.
El aviso ya fue completado y aprobado por el TCU. Pero las empresas brasileñas ya advirtieron que no participarán. Estiman que el ferrocarril costaría R$ 7 mil millones, pero los cálculos de la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) apuntan a R$ 6,3 mil millones. El TCU, sin embargo, rehizo las cuentas y fijó la estimación en R$ 5,3 mil millones.
El gobierno cuenta con el interés de inversionistas extranjeros, como chinos, rusos y españoles, para construir la línea. Pero sólo pondrá el proyecto en el mercado si está seguro de su éxito.
El estancamiento que rodea la empresa no indica una falta de interés en los ferrocarriles de Brasil. Por lo contrario. El mes pasado, el Ministerio de Transporte inició un Proceso de Expresión de Interés (PMI), para estudios de nuevas redes en el país. Hubo nada menos que 81 propuestas de 19 empresas. El viernes se dio a conocer la lista de empresas aprobadas para realizar estudios de cinco tramos de vías férreas.
En la lista de contratistas interesados están contratistas como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Barbosa Mello y CR Almeida. Como los estudios estarán preparados en los próximos seis meses, plazo fijado por el gobierno, las subastas -en una previsión optimista- se realizarán para el segundo semestre de 2.
Fuente: Estado de S. Paulo
