El gobierno lanza hoy una consulta pública con la sugerencia de cambiar las fronteras -llamadas poligonales- de 17 puertos organizados, como anticipó Valor PRO, el servicio de información en tiempo real de Valor. Contrario a lo que temía parte de la iniciativa privada, los nuevos diseños propuestos por la Secretaría de Puertos (SEP) no avanzarán en áreas privadas ni incluirán terminales de uso privado, las llamadas TUPs. "No existe tal directriz", dijo una fuente del gobierno.
La consulta estará disponible en el sitio web de la SEP durante 30 días, que contendrá el diseño actual y la sugerencia de cambios para los siguientes puertos: Porto Velho (RO), Salvador, Aratu e Ilhéus, (BA), Barra do Riacho (ES ), Cabedelo (PB), Recife (PE) Santana (AP), Angra dos Reis, Forno y Niterói (RJ), Natal y Areia Branca (RN), Porto Alegre, Pelotas y Estrela (RS) y Laguna (SC).
La mayoría de los puertos públicos ya cuentan con un decreto que delimita su frontera, pero los límites de 17 de ellos estaban definidos en ordenanzas antiguas, de la época en que los puertos estaban bajo la gestión del Ministerio de Transporte. La Ley de Puertos determinó que el Gobierno adecue las travesías en el plazo de un año, plazo que cumplió ayer. No hay disposición para un cambio sugerido para los otros 20 puertos que ya tienen un decreto.
Los puertos organizados albergan la infraestructura pública necesaria para la navegación y el movimiento de carga y pasajeros. En ellos, la acción de la iniciativa privada se desarrolla a través del arrendamiento de terminales vía licitación, tal y como prevé el nuevo marco regulatorio del sector.
La definición de nuevas fronteras para los puertos públicos es un tema que involucra a los empresarios e inversionistas de las TUP interesados en este modelo de operación – las TUP se construyen en su propio territorio y, por lo tanto, no están sujetas a concesión pública, teniendo reglas de operación más flexibles. Un ejemplo: están exentos de contratar profesionales del Organismo de Gestión Laboral (Ogmo), obligación que recae sobre los terminales arrendados.
Para el presidente del consejo de administración de Logz Logística Brasil, Nelson Carlini, no sería necesario realizar una audiencia pública para definir las travesías, si la propiedad del terreno ya determina el modelo operativo. “Los polígonos tienen que ceñirse a las propias áreas de la Unión”.
El año pasado, se redactó un proyecto de decreto para reemplazar el decreto actual que delimita el puerto de Santos. El diseño, que nunca se hizo oficial, abarca el distrito industrial de Alemoa, región ocupada por 37 empresas propietarias del terreno. Como las áreas del puerto organizado solo pueden ser ocupadas mediante licitación, las empresas del distrito temen el riesgo de que sus propiedades sean expropiadas para que el gobierno lleve a cabo las licitaciones, descontinuando las operaciones actuales. Algunos incluso suspendieron las inversiones.
“No estamos mirando áreas privadas. Nadie piensa en expropiar”, dijo una fuente gubernamental que sigue el proceso. “Lo estamos analizando con moderación, hay casos de polígonos que cubren una ciudad entera”.
Un ejemplo emblemático es el puerto público de Paranaguá (PR). “Abarca toda la bahía de Paranaguá y Antonina y llega hasta Guarçouba, una distancia de casi 50 km. No tiene sentido que el gobierno se abastezca de áreas”, dice Carlo Botarelli, presidente del grupo Triunfo, que compró terrenos dentro del actual puerto organizado del sur y espera ver reducido el polígono, excluyendo su área.
Fuente: Valor Econômico
Por Fernanda Pires | de santos
