El gobierno federal prepara un paquete para intentar poner en marcha proyectos de infraestructura que se ven obstaculizados por problemas de garantías financieras.
La iniciativa incluye una Medida Provisional que estandariza el uso del acuerdo de apoyo a la equidad (ESA), un mecanismo que otorga más garantías a los financiadores de proyectos, liberando a los contratistas de tener que usar su propio capital, dijo a Reuters una fuente con conocimiento directo del tema.
Uno de los objetivos más inmediatos de la iniciativa son los ferrocarriles, sector en el que el gobierno pretende licitar alrededor de 11 kilómetros este año, pero que hasta ahora se ha estancado, entre otras razones por las incertidumbres vinculadas a las garantías financieras.
La ESA fue la solución encontrada para resolver el asunto del Arena Corinthians, que entró en un callejón sin salida porque el banco, en este caso Caixa Econômica Federal, no aceptó las garantías ofrecidas por el club a cambio del préstamo de cerca de 400 millones de reales realizado por el BNDES para la construcción del estadio.
El acuerdo se obtuvo después de que Caixa recibiera garantías que la convierten prácticamente en controladora del complejo en caso de impago por parte del club.
"Sería una solución intermedia para las necesidades del país hasta que el mecanismo de 'financiación de proyectos' se convierta en un instrumento común en el mercado", dijo la fuente, que pidió el anonimato.
MP, sin embargo, no resuelve por sí solo el problema.
Las instituciones del mercado como las compañías de seguros, los auditores independientes e incluso los organismos reguladores se han burlado del uso del instrumento. Esto se debe a que su uso crea una especie de vacío legal, que deja vulnerable al financiador si el proyecto no tiene éxito.
Según el diseño tradicional de 'financiamiento de proyectos', el contratista debe ofrecer activos como garantía hasta que el proyecto comience a generar ingresos. Sin embargo, dijo la fuente, existe una capacidad financiera limitada de las constructoras brasileñas, sólo siete, capaces de asumir grandes obras con este modelo.
Para cerrar la cuenta, el gobierno hace señas con la participación de la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos y Garantías (ABGF) como una especie de último recurso en casos excepcionales. El organismo, creado el año pasado, debe operar el financiamiento de infraestructura (FGIE), con un monto de hasta 11 mil millones de reales con recursos del gobierno y de la banca privada.
Para explicar el modelo, los representantes del gobierno pronto comenzarán a dar un roadshow a inversionistas, calificadoras de riesgo, aseguradoras y firmas de auditoría independientes.
El gobierno sabe que es posible que no pueda implementar la idea en todos los proyectos de concesión, debido a las especificidades de cada uno y las posibles implicaciones de esto en el apetito de los inversionistas.
En el caso de los ferrocarriles, existe escepticismo en el mercado sobre la capacidad financiera de Valec, empresa estatal que se encargaría de comprar el 100 por ciento de la capacidad de carga de los ferrocarriles y revenderla, para garantizar la demanda a la concesionaria.
Fuente: Reuters
