Brasilia – La Ley de Licitaciones para la contratación de obras de infraestructura puede estar desactualizada.
La pala de cal sobre la Ley 8.666, vigente desde hace 22 años, se lanzó la semana pasada, con la aprobación por parte del Senado de una Medida Provisional que extendió el Régimen Diferenciado de Contrataciones (RDC) a obras de infraestructura.
El texto, que ahora espera la sanción de la presidenta Dilma Rousseff, libera el uso de este modelo simplificado de licitación para contratar cualquier tipo de obra logística.
Dilma siempre apoyó a la RDC y durante años defendió su adopción para todas las obras públicas, principalmente en el área de infraestructura.
La Medida Provisional 678, remitida por Dilma al Congreso en junio, preveía la aplicación de la RDC en obras de seguridad pública, pero el texto fue ampliado en la Cámara de Diputados, con apoyo del Gobierno, y aprobado en el Senado con las reformas. La expectativa, por tanto, es que Dilma sancione la propuesta.
La contratación de obras por parte de la RDC se puede realizar de varias formas, pero la que ha sido más común –y que más polémica genera– es la contratación global, en la que el adjudicatario de una determinada obra se encarga de ejecutar todo, desde el desde los proyectos de ingeniería básica del desarrollo hasta la especificación de sus materiales y la ejecución final de la obra.
Es decir, en la RDC ahora las obras se contratan sin el proyecto de ingeniería básica, paso exigido en los concursos regidos por la Ley de Licitaciones, por la cual corresponde al gobierno contratar estudios de ingeniería en el mercado, para luego licitar la ejecución. de la obra, de acuerdo con las necesidades técnicas identificadas en estos proyectos iniciales.
Gestión
La nueva forma de contratación está lejos de ser unánime. “En realidad, la RDC va en contra de toda lógica de transparencia que se busca en la gestión pública.
Vamos a empezar a contratar obras complejas y costosas, a precios cerrados y sin estudios independientes”, dice Carlos Mingione, director del Sindicato de Ingenieros Arquitectónicos y Consultivos (Sinaenco).
Para el vicepresidente del Consejo de Arquitectura y Urbanismo de Brasil (CAU/BR), Anderson Fioreti de Menezes, el modelo exime al gobierno de la responsabilidad de analizar lo que será contratado.
“El poder público renuncia a su deber de definir lo que va a contratar y le deja esa función a la empresa, preocupándose básicamente por el precio que va a pagar”.
Para los críticos de la RDC, el gobierno baja la guardia y deja espacio para que los contratistas dominen el proceso de contratación, en un momento en que debería demostrar todo lo contrario, por las revelaciones de la Operación Lava Jato.
“Un proyecto bien diseñado es una vacuna contra la corrupción. Lo que estamos por ver es una apertura total para hacer cualquier cosa”, dice Mingione, de Sinaenco.
Creado en octubre de 2011, el RDC tenía como objetivo acelerar la contratación de obras para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos de 2016. Lo que vimos en relación con la Copa, de hecho, es que varios proyectos se retrasaron y muchos ni siquiera se entregaron hasta hoy. .
En 2012, el modelo comenzó a ser muy utilizado en las obras del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC).
El gobierno afirma que las experiencias en la contratación de obras realizadas por el Departamento Nacional de Infraestructura de Transporte (Dnit) y por Infraero aseguraron la contratación de una obra más económica, ya que la RDC también permite realizar una etapa de subasta entre sus participantes.
El gobierno también justifica que la competencia pública se realice en menos tiempo, porque se eliminan etapas de la tradicional Ley de Licitación.
Al contrario de lo que ocurre con la 8.666, el RDC sólo exige la evaluación de la documentación de la empresa que resulte ganadora de la licitación, en lugar de comprobar previamente la situación de todos los interesados en la licitación, como ocurre en el proceso tradicional.
Aditivos
En 2011, cuando salieron a la luz los escándalos de corrupción que involucraban a Dnit y Valec, la entonces ministra de Planificación, Miriam Belchior, llegó a afirmar que el gobierno ahora exigiría la ejecución previa de proyectos ejecutivos, y no solo básicos, para la contratación. construcción.
Es decir, habría mayor rigor en los detalles técnicos, para evitar el partido de enmiendas que se apoderó de los contratos. No pasó.
“Lo que vemos hoy es exactamente lo contrario. Estamos frente a un modelo que, en realidad, dificulta el trabajo de fiscalización”, dice Anderson Fioreti de Menezes, de la CAU/BR.
Fuente: Exame
Por: André Borges, de Estadão Content
