El nuevo cuadro de mercancías por carretera promete mantener las incertidumbres

Se acerca el 20 de enero y todo se encamina hacia el mantenimiento de la incertidumbre para las empresas en relación al transporte de mercancías por carretera. En noticias de esta semana en Valor Econômico, el Ministro de Infraestructura anuncia que los valores de la tabla de transporte de mercancías por carretera que se dará a conocer el día 20 serán reajustados por el IPCA, lo que implica que se mantendrá la metodología de cálculo, cargando los vicios ya detectados y comentado en un post anterior.

Se sabe que, tal como es hoy, la mesa de carga a menudo es solo decorativa para las empresas. En conversaciones con ejecutivos, admiten ignorar los montos fijados por el gobierno y contratar su transporte a través de negociaciones con proveedores. Los riesgos de la multa existen, pero, según ellos, los valores de la tabla muchas veces harían inviables sus operaciones. Así, continúan como siempre, a pesar de la inseguridad jurídica.

Por cierto, en la propia Justicia brasileña, el tema de las multas por incumplimiento de la tabla de fletes por carretera es controvertido. En diciembre, el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, concedió una medida cautelar suspender la aplicación de multas a los transportistas que no cumplieran con la tabla. Una semana después, sin embargo, el Fux revocó su decisión a pedido de la Procuraduría General de la República (AGU), preocupado por las repercusiones de la medida entre los camioneros. El tema está ahora ante el Pleno del STF, sin fecha fijada aún para su análisis.

Mientras el gobierno no reevalúa la mesa, ni el STF juzga la inconstitucionalidad de la Ley 13.703/2018, los juzgados de primera instancia vienen otorgando medida cautelar a las empresas para impedir que la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) aplique la multa por incumplimiento con la mesa Las decisiones están motivadas por el hecho de que la mesa vigente se construyó con base en la Medida Provisional 832, sin escuchar a los sectores involucrados, como lo exige la nueva ley. En el caso más reciente, el Tribunal federal concedió la medida cautelar para las 150 empresas asociadas a la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) y al Centro de Industrias del Estado (Ciesp).

Si bien existe una apelación contra la medida cautelar, es una prueba más de que el entorno actual es de inseguridad para todos los involucrados, empresas y transportistas. La preocupación de todos por los riesgos de un nuevo paro es legítima, pero el miedo no puede ser el motor de la decisión, ni un factor para postergarla, a la espera de una milagrosa recuperación económica, que podría dejar el cuadro en un segundo plano. Corresponde al gobierno posicionarse técnicamente y garantizar el mejor ambiente para el mercado brasileño.